Políticas de un gobierno caducado: la educación

Por Elena Rivas Cambise

     Previo al contexto de la pandemia, la población chilena hacía años que venía luchando para conseguir derechos básicos y condiciones dignas mínimas para vivir. Fueron años peleando en las calles por derechos básicos como educación –desde el 2006: revolución pingüina-, el derecho a la salud –desde el 2017 incluyendo el derecho a la salud mental-, el derecho a tener pensiones dignas –con el movimiento “no +AFP desde el 2013-, derecho al agua potable –con la escasez hídrica en Petorca desde el 2010- y entornos no contaminados por empresas para poder vivir sin riesgo a tener cáncer –desde 2018 en Quintero y Puchuncaví. En muchos otros países no se pondría siquiera en cuestión que estos tópicos fuesen derechos, no se tendría que luchar por ellos, porque son derechos -valga la redundancia- básicos que garantizan que las personas tengan un buen vivir.

     No fue sino hasta el primero de marzo de 2020 que el sueldo mínimo subió a $320.500 debido a la serie de protestas masivas que ocurrieron a nivel nacional desde Octubre del pasado año, sin embargo, este sueldo no llega a ser ni el 5% del sueldo que gana un parlamentario (9.349. 851). Por otro lado también se pedía que la salud fuera un derecho, y aún no lo es, según nuestra constitución la salud es la libertad de elección entre atenderse en centros privados o públicos, pero no se garantiza el derecho a la salud pública y de calidad. Se rogaba además que la educación fuera un derecho, no un privilegio, y que fuese entregada en forma gratuita y de calidad.

 

En el contexto actual de la pandemia…

     El gobierno ha sacado un sin número de comunicados y decisiones políticas sobre el futuro de nosotros como habitantes de este territorio, más todas ellas enfocadas y entendidas para una clase privilegiada que posee los medios para poder cumplir las medidas propuestas. 

     En educación el ministerio decide que se deben realizar clases online, sin pensar en las y los estudiantes sin computadores, sin conexión a internet, sin acceso a las tecnologías debido a la situación económica de los mismos. Al adelantantarse las vacaciones de invierno al mes de abril, se privó de becas alimenticias a miles de escolares que contaban con este aporte estatal como uno de los principales aportes del estado para su subsistencia básica, como lo es comer. Se quiso eliminar el pago retroactivo de la tarjeta junaeb para quienes cursan la educación superior, dejándolos sin un recurso con el que acceden a su alimentación en este tiempo donde no todos pueden trabajar. 

     Teniendo todo esto en cuenta el ministro de educación tiene la idea de que a finales de abril los estudiantes deben volver a clases normales, clases donde según él los estudiantes van a estar sentados, los bancos separados dos metros de distancia uno del otro. Sin tomar en cuenta que los colegios más precarios bajo esos estándares cabrían nueve estudiantes por sala; sin tomar en cuenta que muchos colegios tienen cursos con casi 40 estudiantes por nivel; sin tomar en cuenta tampoco que si los niños más pequeños vuelven a clases no tienen la capacidad de abstracción para entender y acatar completamente el distanciamiento porque hay un virus que puede matarlos, por lo que van a querer jugar con sus compañeros y correr por los patios; sin tomar en cuenta que en el trayecto a clases los estudiantes se exponen enormemente; y sin tomar en cuenta la cantidad de estudiantes que vive con sus abuelos, que son quienes están en la situación más riesgosa. 

     Finalmente, el ministro de educación tanto como el gobierno no tienen en consideración que la mayor población de Chile no está en condiciones de volver a su supuesta normalidad porque no poseen los recursos económicos para hacerlo y que “rehacer sus vidas” es arriesgarse a perderlas.

 

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