Abrimos los ojos y nos mutilan: el momento en que Chile despertó

Desde la vuelta a la “Democracia” en 1990, diversos sectores sociales se han atrevido a reclamar sus derechos arrebatados por la dictadura cívico-militar de 1973, sin embargo, hasta ahora el fragmentado tejido social no había logrado vincular demandas más transversales y por lo mismo, las denuncias del pueblo hasta esta fecha habían sido poco acogidas por las autoridades estatales. Por tanto, el descontento social acumulado, sumado a años de promesas incumplidas produjeron en la comunidad chilena el estallido multitudinario presenciado entre octubre y noviembre de 2019, el cual hasta la fecha aún mantiene prendida la esperanza y las ganas de luchar en las calles. 

La revuelta EVADE

 

El viernes 4 de octubre el Panel de Expertos del Transporte Público anunció una nueva alza de pasajes que se materializaría a partir del domingo 6 de octubre en el Metro de Santiago, el Tren Central y los buses Red (ex Transantiago). 

Mientras el pasaje de Metro para adultos mayores y estudiantes se mantendría en $230, la correspondiente tarifa general que normalmente utilizan trabajadoras y trabajadores aumentaría en $30 para el horario punta llegando a los $830, y el pasaje general de los buses “Red” subiría $10 llegando a los $710.

El lunes 7 de Octubre, primer día hábil luego de aplicar el alza tarifaria, comienza la primera manifestación pública de descontento expresada en evasiones masivas convocadas por los y las estudiantes de secundaria, donde alrededor de 100 personas, ya no solo estudiantes, saltaron las barreras de la Estación de Metro U. de Chile. 

Según datos que Metro incorporó en una querella criminal por los delitos de desórdenes públicos y daños calificados, interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, muestran que a partir de aquel lunes 7 hasta el martes 15 de octubre se registraron 52 nuevos casos de evasiones masivas. Además de registrar daños por aproximadamente 12 millones de pesos. 

“Evadir, no pagar, otra forma de luchar” fue la consigna más sentida durantes las jornadas de protestas, convocadas a través de redes sociales por diversas organizaciones de estudiantes secundarios, quienes utilizaron además el hashtag #EvasionTodoElDia en la red social Twitter que llegó a ubicarse en el primer lugar de las tendencias en Chile.

Producto de la revuelta se dispusieron los primeros cierres de estaciones del Metro de Santiago y se hizo uso de la fuerza policial para el resguardo de dichas instalaciones. La hasta entonces vocera de gobierno, Cecilia Pérez, tildaba de “delincuentes” y “violentistas” a quienes se manifestaban y protestaban con evasiones masivas; por otro lado, el subsecretario del Ministerio del Interior, Rodrigo Ubilla haciendo oídos sordos a lo que estaba pasando, anunció querellas criminales y advertía que en caso de que los culpables fueran menores de edad, serían sus padres quienes asumirían el costo de los daños atribuídos a la ascendente protesta que tomaba poco a poco un carácter cada vez más popular y transversal de la clase trabajadora. 

Muy reconocida fue por aquellos días la frase de Ubilla quien declaró que “me llama la atención que el pasaje de Metro no subió para los estudiantes. Y ellos toman esa causa como una forma de protesta. Creo que no es la forma”, agregando además que “aquél que legitima la violencia y la delincuencia tiene una posición condescendiente con esos grupos”, aludiendo a los comunicados de apoyo por parte de la Federación de Sindicatos del Metro quienes expresaron que compartían “la legitimidad de la demanda de frenar las alzas en el Transantiago” mientras el presidente de dicha entidad, Eric Campos, denunció que el gobierno está contestando a las protestas “con excesiva represión, y eso va a generar mayores problemas”. A lo anterior agregó que “las sucesivas alzas del pasaje en los últimos dos años responden a los caprichos de la ministra Hutt, en la medida en que compra buses eléctricos y no lícita con las nuevas bases del Transantiago, el pasaje se encarece y esos caprichos los están pagando los padres y las madres de esos estudiantes, que hoy con mucha razón se manifiestan porque ven que sus salarios no les alcanzan”; estos dichos, explicarían como el alza tarifaria desencadenó el estallido social más grande de los últimos tiempos en Chile. 

Entre el 15 y el 17 de octubre la movilización fue tomando cada vez más fuerza, en contraste con accionar por parte del Gobierno que no apuntaron a mejorar el descontento, no lograron estabilizar la situación y su respuesta solo fue hacer uso del aparato represivo para lograr el orden, lo cual no obtuvo resultado en lo absoluto. El viernes 18 de octubre finalmente se radicalizó la protesta en Santiago, y el sábado 19 ésta se expandió en otras regiones para luego desplegarse a lo largo del país reventando y quemando (literalmente) todo a su paso. 

Las evasiones masivas principalmente convocadas por estudiantes secundarios empezaron a replicarse todos los días, se desplegaron por varias comunas de la región metropolitana,  llegando a todos los sectores y sumando cada vez mayor apoyo popular, tomando una fuerza inesperada que produjo la decisión por parte las autoridades de cerrar varias estaciones del metro en la capital y en las principales comunas de la región.  

Muy polémicas fueron las declaraciones de la ministra del transporte Gloria Hutt quien mencionó: “cuesta entender que cuando hay evidencia de un esfuerzo tan grande de mejorar el transporte público, se atente contra él, menos los escolares que no tienen un argumento, no aumentó la tarifa para ellos”. Lo anterior no solo demostraría su total ignorancia, si no que también su incapacidad por reconocer que el transporte público es esencial para la sociedad civil y un mínimo aumento afectaría a las familias en su conjunto, por ende, también a las y los estudiantes. Lo anterior, se suma a la única medida para mitigar el alza propuesta por el gobierno, sintetizada en la esplendorosa frase del ministro de economía Juan Andrés Fontaine cuando dice que “el que madrugue será ayudado con una tarifa más baja”. Estas fueron declaraciones que prendieron al mismo tiempo como pólvora, bencina y tnt para provocar un estallido que ya no tenía cómo no suceder, ante la torpeza y poco manejo del momento político por parte del gobierno.

El comienzo del estallido

El viernes 18 de octubre, las protestas populares dejaron un saldo de 20 estaciones de metro y 15 buses Red incendiados, lo que para el gobierno significó la necesidad de decretar “estado de emergencia” en la capital, dejando la “seguridad pública” en manos de los militares por primera vez desde el fin de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet; o por lo menos, en lo relacionado al ámbito jurídico-legal de la composición del Estado, ya que, otras veces se ha decretado este estado pero sólo a causa de catástrofes naturales. El encargado de movilizar a la fuerza militar y de coordinar todas las fuerzas del “orden público” fue Javier Iturriaga, actual subjefe del Estado Mayor General, General de División y Comandante de Educación y Doctrina. 

El día siguiente la situación se tornó caótica a nivel nacional, el sábado 19 de Octubre marca un punto de inflección en la movilización, ya se hablaba del conocido lema de la protesta “Chile despertó”. Entre Valparaíso y Concepción se levantaron multitudinarias protestas con alarmantes niveles de violencia callejera y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Saqueos a los principales locales comerciales, supermercados y centros del retail marcarían la jornada que terminó con el anuncio del presidente decretando “estado de emergencia” en Santiago y Valparaíso; destinando para esto al Contraalmirante de la marina Juan Andrés de la Masa,  especialista en Artillería y Misiles, y Estado Mayor. Uno de los símbolos más claros del caos que se vivió en aquella jornada fue la quema del edificio de El Mercurio, periódico burgués y hegemónico del poder dominante, heredado por el aberrante empresario chileno Agustín Edwards Eastman. 

El mismo día las manifestaciones se propagan desde santiago a las distintas regiones del país. Comenzando la mañana con intentos de evasión, por ejemplo, en el metro de la región de Valparaíso, servicio que por unos días resguardó sus estaciones y vagones con militares. Por la tarde, las manifestaciones fueron mayores y cada vez con más convocatoria, se realizaron diariamente cacerolazos y concentraciones en plazas y calles principales de todo el país. Al mismo tiempo, las manifestaciones inesperadamente multitudinarias generaron el caos, y comenzaron los disturbios, saqueos y quema de locales de cadenas transnacionales. Ante el poco control y mal manejo del gobierno por sostener la situación, al terminar la jornada Sebastián Piñera establece el “estado de emergencia” para la ciudad de Valparaíso y Concepción, decretando durante esa misma noche el “toque de queda” para ambas regiones; además anunció el congelamiento de las alzas del metro en Santiago como medida desesperada para mitigar el avance de la protesta. A partir de esta fecha es que podemos hablar del denominado “Estallido Social”, un gran movimiento del conjunto del pueblo de Chile que junto a un amplio despliegue por redes sociales, sin conducción de una orgánica en específico, ni de caudillos o líderes se ha logrado articular  aguantando ya casi seis semanas de lucha, no obstante, gracias al avance organizativo de amplios sectores sociales es que en las calles hemos podido demostrar nuestra rabia acumulada por décadas de saqueo y siglos de aniquilamiento. 

 

Periodo de oscilación en el movimiento

El primer paso dado por el gobierno para intentar “poner paños fríos” al conflicto fracasa absolutamente puesto que el presidente Piñera, el domingo 20 de Octubre, declara que “estamos en una guerra con un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie” dando a entender a todo el país que el pueblo movilizado era parte de ese enemigo. Ante esto la respuesta fue categórica, masiva e inmediata reflejando nuestra unión ante la consigna más reconocible por aquellos días: #NoEstamosenGuerra. Dos días más tarde se retracta de sus dichos y afirma: “es verdad que los problemas se acumulaban hace décadas y que los distintos gobiernos no fueron, ni fuimos, capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esa falta de visión”; junto a lo anterior, el mandatario anuncia la denominada “Agenda Social” con la que pretendía apaciguar el descontento popular, sin embargo, la población manifestante rápidamente notó la farsa: más privatización sin mejoras estructurales. Así entonces, nuevamente fracasó el intento por regresar a la normalidad.

Desde el gobierno, a partir de este momento, comienza a articularse un discurso de “consenso nacional y  “normalidad”, dando intentos de dispersar el conflicto. En este sentido, es que se torna relevante destacar la figura de Karla Rubilar -intendenta de la región metropolitana para aquellos días- quien desde la esfera pública busca instalar esas dos premisas para generar una sensación de empatía con el movimiento popular, “comprendiendo” el hastío o cansancio del pueblo, todo ello con la clara estrategia de encontrar una salida que diera respuesta y sellara finalmente el conflicto. 

Desde el día Lunes 21 octubre, al ampliarse el conflicto y llegar a otras regiones, se extienden las medidas de “toque de queda” a nivel nacional, ciudades como Antofagasta, Iquique, Copiapó, Caldera, Vallenar, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt fueron afectadas. Seguido esto, las fuerzas del movimiento tendieron a fortalecerse y preparar condiciones que permitieron una mejor organización en la acción directa, fortaleciéndose con una especial masividad y combatividad. Los sucesivos “toques de queda” duraron alrededor de 8 días, los cuales no disminuyeron, en lo absoluto, las protestas callejeras. La oscuridad de la noche se torno el escenario perfecto para romper, saquear e incendiar de toda aquella empresa o institución que fuese cómplice y encubridora de toda la desigualdad existente por efecto del sistema capitalista. Vale decir que, más allá de la logística y estrategias utilizadas, un factor que ha unido al movimiento de los 30 años es que ha existido una conexión cultural con sed de desechar toda la herencia colonialista patriarcal, expresado en botar al piso y romper en mil pedazos los grandes monumentos de los múltiples “héroes de la patria”. 

 

Maduración en la organización

El día viernes 25 de Octubre, a una semana de desatado el estallido, se convocó a la denominada “Marcha más grande de Chile”, la cual solo en la ciudad de Santiago congregó a más de 1,2 millones de personas, en los alrededores de Plaza Italia -parte del sector céntrico de la capital- se ha disputado constantemente entre el gran pueblo movilizado y el aparato opresor del estado. La movilización se replicó de forma igualmente masiva en todas las regiones del país y las demandas principales fueron: el retiro de las fuerzas armadas a sus cuarteles, el retiro de todas las leyes en el Congreso que vayan en contra del pueblo y una Nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Hasta entonces podemos reconocer que existe una maduración del discurso que mantiene a los grupos sociales unidos bajo el descontento generalizado. Los cuales ya no solo se encontraban entre marchas y protestas, sino que también avanzaban a la organización territorial y abría aún más los espacios de discusión y debate entre l@s actores de la sociedad.

Un día después, la estrategia cambió y el “toque de queda” era levantado en todo el territorio nacional. No obstante, un gran grupo de ministros fueron llamados por el presidente piraña a poner sus cargos a disposición con la intención de ganarse nuevamente la confianza de la sociedad civil y generar la falsa sensación de que están “escucha al pueblo”. Bien sabemos lo difícil que es para los políticos con ideología capitalista soltar fácilmente su capital , por eso es que muy atentas y atentos nos damos cuenta de que el cambio de gabinete se realizó sólo en ciertos ministerios estratégicos como el ministerio del interior, de hacienda, de economía, de secretaria general de la presidencia, de secretaria general del gobierno, del trabajo, de deporte y bienes nacionales. Sin hacer alusión alguna a los ministerios más demandados en los últimos años como lo son el ministerio de la salud, de educación, de justicia, de vivienda, de desarrollo social, de la mujer, del medio ambiente y agricultura. 

El día 1 de Noviembre, a ya casi cuatro semanas de que iniciaron las movilizaciones es posible encontrar los primeros resultados de los nacientes “cabildos constituyentes”, instancias de debate y deliberación popular autoconvocadas desde múltiples organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles y territorios a lo largo del país. Según la Mesa de Unidad Social, más de 10.000 personas han participado de éstas en 300 reuniones que se dieron lugar en 73 comunas del país; las temáticas que mayormente han sido abordadas son: Asamblea Constituyente y Nueva Constitución, un nuevo Sistema de Pensiones (No+AFP), una Educación Pública-Gratuita-de calidad no sexista, Protección al medioambiente y a las zonas de sacrificio, junto a lo anterior la derogación al Código de aguas, nacionalización de suministros básicos, Salud digna y de calidad, justicia por las cientos de violaciones a los derechos humanos durante “democracia”, y una sepultura al sistema patriarcal y machista que aún permite la violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales.

En los días siguientes, éstas instancias se han multiplicado masivamente generándose así redes de articulación denominadas “Asambleas Territoriales”, con alto nivel de convocatoria del pueblo organizado y consciente. Esto a su vez, generaba una percepción de baja intensidad de protestas callejeras, pero realmente era de que en los territorios volvieron a tejerse nuevos sueños y esperanzas por un Nuevo Chile, armando con total entusiasmo distintas actividades en paralelo, en distintos barrios, en distintos espacios culturales, en distintos espacios urbanos y rurales se comenzó a compartir, a solidarizar, a intercambiar unas palabras y hasta una sonrisa. 

Seis días después, el presidente Sebastián Piñera convocó en la tarde a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), órgano extraordinario, que por mandato de la ley sólo debe reunirse para situaciones especiales en que la seguridad interior del país pueda ser afectada. Esto producto de que las medidas populistas denominadas “agenda social” no lograron hacer declinar el movimiento. Por ello, el ejecutivo planteó 10 puntos al COSENA que permitieran dar solución a la crisis del “orden público” que afectaba al país por ya largos 30 días. Piñera expuso que estas medidas buscarían “fortalecer el orden público” y “resguardar la seguridad ciudadana”

Al respecto, de los anuncios del presidente, tanto el presidente del Senado como el de la Cámara de Diputados criticaron que “no fue necesaria ni productiva”, cuestionando que todos esos temas podrían haberse tratado en otro tipo de reunión. En el encuentro el presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana, insistió en que junto con las reformas sociales es necesario formular una nueva Constitución, dejando en jaque al ejecutivo que solo apostaba por reformas parches a la actual constitución. 

 

La constante represión al pueblo que se moviliza

El día Sábado 9 de Noviembre, el Colegio Médico de Chile (COLMED), reporta que un joven perdió los dos ojos tras el abuso de poder ejercido por Carabineros de Chile durante la manifestación. Se trataría de la primera persona que recibe perdigones en ambos órganos, inmediatamente fue operado durante la jornada en la Clínica Santa María en un intento por recuperar la visión parcial en al menos uno de sus ojos. Por lo anterior, el Colegio Médico de Chile (COLMED) exigió el fin del uso de munición en las manifestaciones por parte de las fuerzas de “orden” contra la población, exponiendo que hay más de 200 personas con pérdida ocular en todo el país. En tanto, el presidente de la Sociedad de Oftalmología de Chile, Dennis Cortéz Novoa, advierte que las lesiones oculares han aumentado exponencialmente durante esas últimas dos semanas. Además agrega que “No hay ningún número en la historia de nuestra especialidad que iguale estos números que tenemos en estos momentos”, dejando en evidencia la brutalidad que ha tenido la fuerza represiva del gobierno neoliberal de Piñera.

El Jueves 14 de Noviembre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) establece que luego de casi un mes de movilización, ya van en 2.209 personas heridas y 209 con traumas oculares, 6.046 Personas detenidas y 319 Acciones judiciales presentadas en favor de 472 víctimas por vulneración a los Derechos Humanos.

Esa misma noche fueron detenidos por carabineros ocho menores de edad, tres de ellos menores de 14 años, por supuesta agresión con piedras a la municipalidad de Villa Alemana. Según el INDH los menores de 14 años fueron entregados a sus padres, mientras que los demás pasarían a control de detención por desórdenes. La diputada Carolina Marzán, miembro de la comisión de familia, dice que “todo esto más allá de la justificación de carabineros me parece que es gravísimo, se están vulnerando de manera horrible el interés superior del niño, el daño psicológico, el daño físico a estos menores, los traumas que se van a tener y que están teniendo por esta situación, pueden ser irreversibles y no se está velando por el bienestar de los menores”. A estas alturas, ya sin estados de excepción en todo el territorio nacional, la violencia en el país alcanzaba cifras insuperables, sin precedentes. Si bien este tipo de abuso siempre ha sido constante tanto en el pueblo mapuche como en las poblaciones más marginadas en Chile, hoy la vivimos en cada rincón que se manifiesta condenandonos públicamente con la impunidad de las y los privilegiados. Mientras siguen reprimiendo al pueblo conciente y organizado. 

 

Acuerdo (de los ricos) por la Paz (para los ricos) 

El Viernes 15 de Noviembre se concreta y firma el primer acuerdo entre las fuerzas parlamentarias burguesas de la oposición y el oficialismo para dar una salida de tipo “democrática” al conflicto, proponiendo mecanismos y medidas para una nueva constitución, pero con ciertos teje y maneje que favorecen a quienes dominan el país y delimitar aquellas transformaciones estructurales para su propio beneficio. Este acuerdo está compuesto de 12 puntos y entre los más importantes se encuentran: el restablecimiento de la Paz y el Orden público; un plebiscito para cambio constitucional con dos opciones, comisión mixta o comisión constitucional como órgano redactor en caso de que se decida cambiar la constitución; y plebiscito ratificatorio.

Pese al supuesto “Acuerdo de Paz” acordado entre cuatro paredes y a espaldas del pueblo, se presentó una contrarespuesta desde la plataforma de la Mesa de Unidad Social respecto al mecanismo a utilizar en un supuesto cambio a la constitución. En este sentido la demanda central es una Asamblea Constituyente Plurinacional y Paritaria (ACPP) que garantice:

  • La participación soberana, el protagonismo del Pueblo chileno, en todo el Proceso Constituyente, en la elección, instalación y trabajos de la ACPP.
  • Una Asamblea Constituyente con el 100% de asambleístas elegidos por el pueblo y para el pueblo. En definitiva, con cuota de representación de género, sindical, pueblos originarios, estudiantil, organizaciones sociales y territoriales.
  • Por lo menos cinco años de inhabilidad y extensible a cargos públicos.
  • Acuerdos por mayoría simple 50 +1 (o con cualquier quórum similar, por ejemplo ⅗) 
  • A cualquier ciudadano tener derecho a ser candidato, y el dinero empleado en campaña en ningún caso debería ser superior a $100 por votante potencial en la comuna, la elección del candidato que gaste más del límite debe ser invalidada.

El 21 de Noviembre, el Gobierno declara que rechaza categóricamente el informe de Amnistía internacional por violación a los DDHH en Chile, a su vez, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, sostuvo que el documento “sin siquiera solicitar información al gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes. La única política que ha tenido el gobierno es la del resguardo y protección de los derechos humanos”. En este sentido, cuesta entender la lógica del ejecutivo, pues es de una obscenidad enorme el uso que hace del discurso de la defensa de los derechos humanos para tratar de justificar en lo discursivo-comunicacional la irracionalidad de su abuso y opresión contra el pueblo pobre que se moviliza, mientras sigue defendiendo con toda su fuerza a la propiedad privada nacional y transnacional a costa de mutilar a su pueblo.

El domingo 24 de Noviembre, Piñera anunció que la próxima semana enviará al Congreso un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con Carabineros en puntos críticos de servicios básicos, dentro de los cuales incluyó la seguridad y la mantención del orden, sin la necesidad de que exista un decreto de por medio, como lo que ocurrió la última vez cuando declaró Estado de Emergencia. A raíz de esto, el jefe de Estado pidió apoyo al Congreso para aprobar la ley que moderniza a Carabineros y que “fortalece” la inteligencia del brazo policial, además de la ley que persigue a encapuchados, saqueadores y personas que enciendan barricadas en las calles.

Las movilizaciones, por su lado, no le dan tregua al Gobierno y en este sentido, Unidad Social convocó a paro nacional para el lunes 25 y martes 26 de noviembre. Junto con ello, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Bárbara Figueroa, emplazó al Gobierno para que sean acogidas las demandas de la Mesa Unidad Social que hace semanas fue enviada al Presidente Piñera: “Hay demandas de largo plazo como la nueva Constitución vía asamblea constituyente; hay demandas sobre el derecho a salud, educación, vivienda, derecho a negociación colectiva ramal, entre otras, pero también hay demandas muy precisas: un salario mínimo líquido de 500 mil pesos para el sector público y privado, una pensión mínima equivalente a este salario (…) si la autoridad quiere dar señales claras, entonces lo que esperamos es que haya una agenda social ambiciosa y mucho más potente que lo que ahora se ha puesto sobre la mesa“.

Martes 26 de noviembre, durante este día se confirmó que Gustavo Gatica, el joven que fue impactado por perdigones en ambos ojos perdió la vista en un 100% de forma permanente e irreversible, así mismo el informe de Human Rights Watch concluye que “hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”. Ante esto el gobierno no pudo ignorar las denuncias hechas por la ONG y anunció medidas que en primera instancia instruyen al general director de carabineros, Mario Rozas, para realizar un informe con plazo de entrega de una semana a contar de esta fecha.

 Mediante una conferencia en La Moneda, el Gobierno valoró el informe de HRW y detalló que “se han instruido más de 600 sumarios administrativos, cuyos antecedentes han sido enviados a Fiscalía, que ya ha iniciado más de 2.000 investigaciones penales, porque -como lo hemos dicho- no habrá impunidad”. Así el ejecutivo ha seguido intentando dar una sensación de justicia, mientras no es capaz ni siquiera de sentarse a dialogar con los principales movimientos populares y sociales que levantan esta gran protesta, ni a escuchar las propuestas que el pueblo organizado a levantado durante décadas y también durante estas semanas en múltiples asambleas territoriales. 

 

¡Un pueblo vencedor por venir!

Pese a que los días pasan y pasan, la marchas y protestas parecen no disminuir. Lo anterior denota un cambio en la subjetividad del pueblo chileno, el cual hoy no está dispuesto a seguir aceptando abusos de poder. Si bien, el gobierno de turno y los poderes fácticos del estado no ha actuado con prudencia, sino que más bien todo lo contrario haciendo notar muy claramente el sesgo ideológico, con efecto en la brutalidad empleada hacia los manifestantes, quienes son generalmente las personas que más han recibido injusticias por este ingrato modelo neoliberal, con ello se condice que los pobladores de barrios más pobres y marginales de las ciudades sean quienes pongan sus pechos en primera línea. Por que ya no hay miedo, ya no hay silencio ni vergüenza, hoy hay rabia acumulada que no cesa y se mantiene prendida con el fuego en las calles gritando más fuerte que nunca “Chile despertó”. Es tarea de nuestro pueblo seguir organizándose y no dejar caer la movilización construida durante estos días. No podemos dejar que quienes fallecieron en medio de estas protestas sean olvidados, es nuestro deber transformarlos en surcos que nos abran caminos y nos guíen con el viento llevando a la victoria al pueblo que lucha. Erigirse como clase y no dejarse intimidar por los empresarios matones que hoy gobiernan, seguir levantando y fortaleciendo nuestras organizaciones de base para generar un contrapeso al Estado asesino que hoy nos mata igual que ayer, y encarcela a quienes merecemos justicia y dignidad dejando suelto a los verdaderos delincuentes. 

¡Solo la lucha y la organización, hacen temblar al patrón!

Referencias

 

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