SENAME y vinculación con la ANI: Una más de la agenda represiva del Gobierno

     Octubre del 2019 fue el inicio de un proceso de movilización y organización que se desplegó por diversos rincones del país, teniendo como uno de sus actores principales a jóvenes populares de diversos territorios, quienes viviendo y sintiendo cotidianamente las contradicciones de un sistema explotador y opresor irrumpieron con arrojo en las principales ciudades del país para decirnos que “no son 30 pesos, son 30 años”. El transcurso de la revuelta y la multiplicidad de acciones callejeras fueron el espacio concreto donde se desplegó la fuerza de la juventud en sus ansias y deseos por cambiarlo todo.

     El “acuerdo por la paz” instalado por los de arriba (desde la derecha en el gobierno hasta sectores claudicantes del Frente Amplio) apostó por desmovilizar, fragmentar y aislar al pueblo movilizado en su conjunto, utilizando una serie de medidas represivas como la “Ley anti encapuchados” que tienen como principal objetivo la “pacificación de la rebeldía” y la represión sobre los cuerpos, mentes y ganas de toda una generación que apuesta por hacer de este pedazo de geografía un lugar digno de habitar. Es así que nos encontramos con una cantidad importante de presos y presas políticas de la revuelta, compañerxs que deseamos se encuentren en lo pronto libres y en la calle luchando y organizando. La agenda represiva en tanto despliegue institucional de un Estado contrainsurgente, patriarcal, burgués y racista debía generar las condiciones legales para perseguir la movilización de Marzo, la cual se proyectaba como momento de encuentro antagónico entre quienes que luchan y quienes desean perpetuar este sistema para unos pocos.

     En este escenario ya superado por el COVID 19 es que se realizó, en febrero pasado, un convenio de manera solapada entre SENAME y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) bajo la lógica de ir sumando acciones y respaldos legales que permitan “vigilar y castigar” a la infancia y la juventud de nuestro pueblo. Tal situación que hasta el día martes 21 de Abril estaba bajo secreto institucional se denunció públicamente desde el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadore/as Subcontratado/as (SINTRASUB) de SENAME1 quienes sostuvieron que “llama profundamente la atención el hecho de que el Estado de Chile, a través de la ANI celebre convenio de colaboración con el SENAME, tomando en consideración que el objetivo del Servicio de Inteligencia del Estado es claro y preciso […] no vemos como el SENAME pueda brindar información que permita proteger la soberanía nacional y el orden constitucional.

     A todo lo anterior se suma el rol que el mismo Estado ha desarrollado en materia de infancia vulnerada y el actuar desplegado por sus agentes desde la revuelta social, donde figuran más de 4.080 niños, niñas y jóvenes detenidxs entre octubre y diciembre del 2019; de los cuales 186 habrían sido puestos en prisión preventiva, según datos de la Defensoría Penal Pública”2. Es así que para lxs trabajadorxs de SINTRASUB el convenio solo viene a reforzar la institucionalidad vigente, la cual con una política criminalizadora hacia la niñez y la juventud utilizará al SENAME como base de información para “vigilar y castigar” los derechos de la infancia popular, pues se pierde el objetivo esencial del organismo en tanto protección y promoción de derechos en niños, niñas y adolescentes (NNA) que han sido vulneradxs, así como también se deja al debe la reinserción social de adolescentes que han infringido la ley penal.

     La justificación del Servicio Nacional de Menores para dicho convenio fue “facilitar a la ANI el acceso a información que posee el SENAME que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado” es una “alianza estratégica de cooperación institucional con el objeto de establecer vínculos para la ejecución de acciones afines al cumplimiento de los respectivos objetivos institucionales…”3 lo anterior no visibiliza ni expresa la esencia de dicho organismo, ya que en la ley N°19.974 de la creación de la ANI se sostiene que “el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (…)

 

Y ¿cuáles son las funciones de la ANI?

  • Disponer la aplicación de medidas de inteligencia, con objeto de detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, y de organizaciones criminales transnacionales.

  • Disponer la aplicación de medidas de contrainteligencia, con el propósito de detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades de inteligencia desarrolladas por grupos nacionales o extranjeros, o sus agentes (…).

     Por su parte la Defensoría de la niñez, mediante su directora Patricia Muñoz sostuvo que “reviste la mayor gravedad y da cuenta de una desconexión total con lo que SENAME debe hacer en términos de protección de niños, niñas y adolescentes (…) donde ciertamente lo que hace es agudizar, profundizar la estigmatización y criminalización de NNA vinculados al SENAME, procurando su relación con la investigación criminal, lo que nos parece insostenible e intolerable (…) Tomaremos acciones judiciales que en el ámbito constitucional sean pertinentes para lograr que se revierta por esa vía”4.

     Si bien no nos sorprenden los movimientos de una institucionalidad podrida y deslegitimada, desde el conjunto del pueblo movilizado consideramos que hoy es importante poder visibilizar sus principales contradicciones y los pasos que están realizando en materia represiva, en función de ir generando nuestras propias condiciones para la autodefensa legal y callejera. Pues hace rato que venimos sosteniendo al interior de las organizaciones populares, vinculadas a la infancia y la juventud, la necesidad de ir construyendo un nuevo proyecto para NNA (niños, niñas y adolescentes) donde sea la comunidad – en clave autogestiva y por el poder popular- el ente garante de derechos y quienes tejan una nueva institucionalidad (de carácter popular y de cambio social) que permita ir trazando una nueva manera de relacionarnos y pensarnos en este mundo, libres de sexismo, violencia y opresión, donde los juegos, el quehacer territorial, la alegría y la rebeldía sean la base para ir desarrollando y proyectando una nueva sociedad, teniendo como acompañantes al “pueblo profesional” en tanto trabajadorxs honestxs y comprometidxs con su propia clase.

 

POR UNA INFANCIA LIBRE Y POPULAR: A JUGAR Y LUCHAR!

Y mientras él/ella crezca
crecerá también
el lugar de todxs,
será para bien

Niñx, mi niñx,
tu niñx y aquel niñx,
todxs van.
Rueda, que te rueda,
hacia la vida nueva
llegarán.

Cada niñx un poco,
todxs tomarán
de la misma leche
y del mismo pan

¡Se precisan niñxs para amanecer!”

(Daniel Viglietti – Gurisito, canción popular)


[1]http://www.sintrasub-sename.cl/post/26

[2] Ídem.

[3]https://www.biobiochile.cl/especial/reportajes/2020/04/21/el-desconocido-convenio-que-permite-traspasar-datos-sensibles-del-sename-a-la-ani.shtml

[4]https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/21/defensoria-de-la-ninez-amenaza-acuerdo-ani-sename-de-no-quedar-sin-efecto-iniciara-acciones-legales-en-el-ambito-constitucional/

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